A través de un duro comunicado , el Foro de Convergencia Empresarial cuestionó la posición del Poder Ejecutivo respecto de las decisiones judiciales de la Corte Suprema.
En ese sentido, la entidad observó como “un ataque a la independencia del Poder Judicial” el reciente pedido de juicio político a los integrantes del máximo tribunal que impulsan el presidente, Alberto Fernández, y un grupo de gobernadores.
“En los últimos días, en un nuevo ataque a la independencia del Poder Judicial, el Presidente de la Nación y un grupo de Gobernadores han presentado un pedido de juicio político contra todos los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, introdujo el texto empresarial.
Y agregó: “Tal como ya lo han explicitado distinguidos juristas y entidades que los agrupan, los argumentos en que se basa dicho pedido no se encuentran encuadrados en los que prevé taxativamente el artículo 53 de la Constitución Nacional, sino que se fundamentan en el contenido de sentencias emitidas por la Corte respecto a decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo Nacional y a normas dictadas por el Congreso Nacional, cuyo control de constitucionalidad y de ajuste a derecho le corresponden a la Corte en ejercicio de su jurisdicción originaria o como tribunal de última instancia del Poder Judicial”.
En este sentido, el Foro consideró que “tanto el incumplimiento de sentencias como el intento de remover a los jueces por el contenido de dichas sentencias, por el solo hecho de no compartir la forma en que se han resuelto, configuran un gravísimo ataque a las instituciones de la República”.
“Por tal motivo -concluyó el comunicado- el Foro de Convergencia Empresarial exhorta al Presidente de la Nación y a los Gobernadores que firmaron la solicitud de juicio político a que desistan de su actitud y, en su defecto, a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados para que rechace dicho pedido por no estar debidamente fundamentado en las previsiones que constitucionalmente lo justifican. La independencia del Poder Judicial es uno de los pilares fundamentales del Estado de Derecho”.
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